En la reforma constitucional de 1991, la educación en Colombia pasó a concebirse como un proceso de formación permanente, personal, social y cultural; fundamentándose en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, derechos, deberes, la autonomía y la libertad de pensamiento. Es, además, un servicio público que cumple una función social (artículo 67 de la Carta Magna), y a su vez un derecho con que cuenta cada persona, tal como lo define la Ley 115 de 1994.
Dicha reforma, trajo consigo la creación de un sistema que se encargaría de la educación como derecho y servicio público, que estuviera enmarcada bajo los criterios de calidad, acceso y pertinencia de las Instituciones Educativas. Colombia ha implementado una variedad de iniciativas para enfrentar las disparidades en cuanto al aprendizaje y acceso a la educación. Las políticas del programa Educación inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) han buscado aumentar la participación y mejorar el desempeño escolar de los estudiantes vulnerables y en condiciones de pobreza.
De hecho, Colombia ofrece educación integral hasta terminar la educación básica secundaria a la edad de 15 años y diploma de bachiller, ya sea académico o técnico, el cual permite ingresar a la educación superior. “Los gobiernos, además de enfocarse en los niños provenientes de comunidades en condición de pobreza, han introducido medidas adaptadas para satisfacer las necesidades de otros grupos vulnerables, como las comunidades étnicas, los niños con necesidades educativas especiales, las personas afectadas por la violencia y las poblaciones rurales” afirma un comunicado del 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en Colombia.
Los modelos educativos flexibles, la alimentación, la educación étnica y el transporte escolar han contribuido a llegar a los grupos menos favorecidos. Sin embargo, la ubicación geográfica, la etnia, el origen socioeconómico y el género aún afectan en gran medida las oportunidades educativas de los niños y adolescentes. Es por ello, y en consonancia con el gobierno nacional actual, se requiere reformas al sector educativo que puedan subsanar esas falencias.
De ahí, que el ministro de educación, Alejandro Gaviria en sesión de la Comisión VI de la Cámara de Representantes en agosto de 2022, mencionara una disertación en la que explicó la voluntad de trabajar conjuntamente: el sector Ejecutivo con el sector Legislativo para las reformas que el sector educativo requiere. Señalando prioridades, tales como: la disminución de las brechas educativas que crecieron ostensiblemente en la pandemia del Covid-19, la “calidad de la educación” en referencia al bienestar de los estudiantes, la comunidad educativa y la infraestructura, además, la prioridad sobre la gratuidad de la educación superior.
Cabe resaltar, al tenor de la primera prioridad “disminución de las brechas educativas” según el DANE 7.405.053 estudiantes se encuentran en instituciones de zonas urbanas y 2.392.624 en partes rurales. “Esto quiere decir que en el país hay una cobertura educativa, al menos en los niveles desde preescolar hasta el grado 11, del 99.55 %. No obstante, la cifra evidencia que hubo 86.000 alumnos menos frente a los registrados en el 2020, una reducción de casi el 1 %.” (DANE, 2022).
Ahora bien, las principales prioridades que deben prevalecer en la ruta de acción para el gobierno actual es mantener las herramientas presentadas anteriormente, con el fin de incluir el acceso y la participación en la educación a través de los procesos de la educación media, el mejoramiento de la educación en zonas rurales, y la implementación del programa de alimentación escolar.
Así mismo, debido a que las necesidades “del futuro”, ya que la educación debe contribuir a la formación de una identidad nacional que permita la transmisión de los valores que aseguren la continuidad de la sociedad colombiana. En este sentido, se hace necesario el desarrollo de ciertas actitudes y la formación de conductas que permitan desarrollar al país no solo como “potencia mundial de la vida” (nombre del plan nacional de desarrollo 2022-2026) sino también como potencia mundial de la educación.
Información tomada de Al Ponente.
Por: Andrés Felipe Torres Hidalgo
Equipo de redacción Revista Edu.co