A Martha Cecilia Balceiro Paternina, de 54 años, le mataron a tres hermanos y un hijo. No sabe qué grupo ilegal fue el responsable y tampoco se atreve a señalar a alguno.
Lo que sí tiene claro es que, con la educación, ayuda a cumplir uno de sus sueños más anhelados: “Que se acabe la guerra en Colombia”.
Es docente desde hace 34 años y su carrera siempre la ha desempeñado por el Bajo Cauca antioqueño. Estuvo en la vereda El Tigre, de Cáceres, y en zonas rurales de Caucasia. Su común denominador en este trasegar –dice– fue “conocer la guerra en carne propia”.
Pese a que “estuve a punto de derrumbarme en varias ocasiones, pero parece que Dios, a los docentes, nos tiene para grandes cosas en estas zonas, no nos deja abandonar a nuestros estudiantes”. Lo resume como una especie de misión que asumió al terminar el bachillerato pedagógico, el cual le ha permitido estar tres décadas educando a las poblaciones más vulnerables.
Su voz es pausada y su tranquilidad al hablar refleja el interés de su papel como docente en lugares en los que, para ella, son más evidentes las dificultades que tiene la educación por la desgastada infraestructura, los problemas para el transporte y la alimentación de los estudiantes.
Ante esta crítica, que se repite casi por la totalidad de los maestros que trabajan en zonas de conflicto, la ministra de educación, María Victoria Angulo, señala que avanza en un plan de atención y mejoramiento de las instituciones. Además, agrega: “Cumplimos con el Acuerdo (de paz), pero incluiremos capacitación a docentes y directivos rurales, y fortaleceremos estrategias para evitar que los estudiantes abandonen sus estudios”.
La historia de esta profe es apenas un reflejo de lo que han vivido los 59 mil docentes rurales del país, que según el Ministerio de Educación trabajan entre veredas, trochas, caminos de herradura y, porque no decirlo, fusiles. Le hacen frente, con lápices y tableros, a la guerra que ha vivido Colombia en los últimos 60 años, sobre todo porque los menores de edad se convierten en una presa fácil para los grupos guerrilleros o paramilitares, y otras bandas.
Basta ver la cifra de reclutados por grupos ilegales en Colombia: 400.000 menores de edad entre 1985 y 2018, según el informe “¡Alto a la Guerra Contra la Niñez!” de la organización Save The Children, publicado la semana pasada. Solo en 2018, se dieron al menos 52 casos de reclutamiento, según el Registro Único de Víctimas.
Para saldar una deuda
El Gobierno, con el objetivo de saldar la deuda con la ruralidad, presentó la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), que estuvo abierta hasta el 21 de febrero pasado, con la que busca suplir 6.564 vacantes en las zonas rurales. Este proceso hace parte del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, firmado el 24 de noviembre de 2016 (ver infografía).
Ante esto, el director del Instituto Merani y experto en temas educativos, Julián De Zubiría, señala que, pese a que el partido Centro Democrático, del que hace parte el presidente Iván Duque, ha sido crítico del Acuerdo de Paz, “este es un acierto de la negociación y es muy positivo que el presidente lo implemente”.
No es una labor fácil la de educar en medio del conflicto, aunque sí es la más efectiva contra la guerra. Las cifras son crudas, las instituciones afectadas por el accionar armado son 274 en total, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La decisión de los docentes de mantenerse en estas zonas se basa en un único deseo: promover una sociedad educada, que conozca su historia y, sobre todo, alejar a los jóvenes de las garras de la guerra, “para que construyan un mejor futuro, para ellos y sus comunidades”, resalta la profe del Bajo Cauca antioqueño.
Ella, además, cuenta que se ha encontrado con estudiantes que soñaban con ser guerrilleros o paramilitares, por el hecho de que uno de estos grupos asesinó a un familiar.
“Hay que ser incluso un poco sicólogo, acercar al niño y decirle que a pesar de que su mamá o su papá ya no están, hay que salir adelante y no quedarse en el círculo de la guerra, que será alargar y alargar el dolor que sintieron, provocándoselo a otras familias”.
Al sur, entre trochas
Jorge Rolando Urbano Bolaños, rector de la institución educativa el Ejido, en el corregimiento que lleva el mismo nombre, y que se ubica en el convulsionado municipio de Policarpa (Nariño), a cinco horas de viaje desde Pasto, relata que, al tener tres sedes, debe visitarlas con frecuencia. Sin embargo, la situación no se resuelve con tomar un bus, pues las vías y el transporte son deficientes.
Allí la variedad del transporte pasa por viajar a lomo de mula, mototaxi, cruzar el río Patía en chalupa o simplemente caminar, eso debe hacer para estar al frente de lo que necesitan los 400 estudiantes de la institución.
“Mire, el cómo llegar pasa a un segundo plano, porque yo vine y he sido profesor como un empleado público y esa función es clara: servirle a la comunidad, sin importar dónde o cómo”, asegura Urbano Bolaños, quien destaca que a los lugares que ha llegado, habla con la población, estudiantes, docentes, “revisando las dificultades que tienen para trazar planes para superarlas”.
Su labor alrededor del conflicto, explica, se aborda en las aulas, pues es un tema que no se puede ignorar, sobre todo porque las Farc estuvieron allí y ahora se mantienen sus disidencias, los paramilitares y narcotraficantes que también quieren mantener vivos sus negocios ilícitos alrededor de los cultivos de coca.
“Por eso es muy importante dialogar con las comunidades, porque de lo que se encuentre, tomamos una serie de determinaciones que apuntan a hacerles entender a los estudiantes que todos tienen oportunidades y a los docentes que cada día podemos mejorar en nuestra labor”, agrega el rector.
En el Catatumbo están todos
En esta región la lucha territorial entre el Epl y el Eln, los paros armados y los cultivos de coca son fiel reflejo de que el conflicto sigue vivo, y que ha provocado, en repetidas ocasiones, el desplazamiento de comunidades enteras. Además, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el último año han resultado damnificados 18 mil habitantes. Esa realidad no es ajena a los docentes.
Sobre lo que se vive en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, hablamos con Jesús Emiro Rojas Corredor, rector del Centro Educativo La Trinidad, en zona rural de Convención. Él, que ha tenido que interrumpir su clase por intercambios de disparos entre los grupos ilegales, señala que “pese a la zozobra que reina en este momento, tenemos que mantener la calma y transmitirla a los estudiantes”.
De igual manera, explica que cuando esto sucede cierran el colegio, no dejan salir a los alumnos y se ubican en un lugar de la institución en el que “nos aseguramos y protegemos a nuestros muchachos”.
Cuando el combate acaba, los padres pueden ir por sus hijos al colegio, “eso lo tenemos claro todos; los profes, los estudiantes, los padres, quienes saben que no deben arriesgarse a venir cuando el combate está vivo”, agrega el profesor Rojas Corredor, quien destaca el acompañamiento y asesoría que les ha dado el Consejo Noruego, una organización no gubernamental que trabaja por la educación en esta región.
Frente al papel de los educadores en estas áreas, el profesor resalta que la educación cumple un papel mucho más importante para la vida, “porque el docente debe meterles la idea a los alumnos de que la educación es el camino para dejar atrás esa historia de guerra y dolor”.
Sin más rodeos, como lo plantean los tres docentes que contaron sus experiencias, la educación “le permitirá al país salir adelante” y así esperan que se cumpla, con la llegada de los 6.564 docentes y directivos que se buscan para las zonas donde hubo conflicto.
Con información de: El Colombiano
Por: Richard Aguirre Fernández